La violencia no perdona a quienes imparten justicia. En las últimas semanas, fiscales han sido atacados y jueces amenazados, un hecho que golpea la institucionalidad del país y preocupa a los ecuatorianos, especialmente en provincias como Loja.

Para el ciudadano común, esto no es un problema lejano. Sin fiscales y jueces seguros, los procesos penales se ralentizan, los delincuentes quedan impunes y la sensación de inseguridad crece. En Loja, donde la criminalidad ha aumentado, la situación es alarmante.

Contexto de los ataques

Los atentados contra fiscales se han concentrado en zonas donde operan bandas del crimen organizado, como Guayas y Esmeraldas. Sin embargo, las amenazas se extienden a todo el sistema judicial. La Fiscalía General ha reportado varios casos en los últimos meses, incluyendo el ataque a balazos a un fiscal en Durán.

• Fiscales bajo fuego: Al menos tres fiscales han sido víctimas de atentados armados en 2025.
• Jueces amenazados: Decenas de jueces han recibido intimidaciones por redes sociales o llamadas.
• Impunidad en aumento: El 80% de los delitos no se resuelven por temor a represalias, según expertos.

Lo que viene ahora

El Gobierno ha anunciado medidas de protección para operadores de justicia, como escoltas y blindaje de sedes judiciales. Pero la pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para frenar la escalada de violencia que amenaza la democracia. En Loja, la ciudadanía espera respuestas concretas.

Mientras tanto, la justicia sigue su curso, pero a un costo que ningún ecuatoriano debería pagar: el miedo.

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