El exdelantero camerunés Samuel Eto’o, leyenda del Barcelona e Inter, acaba de ganar una larga batalla judicial contra Hacienda en España por el cobro de impuestos sobre sus derechos de imagen. El fallo, que tumba una multa millonaria, enciende las alertas sobre cómo se gravan estos ingresos en Ecuador y otros países.

¿Por qué debería importarte? Porque cada vez más deportistas y artistas ecuatorianos ceden sus derechos de imagen a empresas offshore para pagar menos impuestos. Este caso sienta un precedente que podría afectar a figuras locales como Antonio Valencia, Paolo Guerrero o incluso cantantes como Juan Fernando Velasco.

El meollo del caso

La Agencia Tributaria española reclamaba a Eto’o unos 3,8 millones de euros por considerar que había cedido sus derechos de imagen a una sociedad en Hungría para eludir impuestos entre 2006 y 2009. El jugador alegó que la cesión era real y que tributó correctamente en el país de residencia. La Audiencia Nacional le dio la razón, al considerar que no hubo simulación ni fraude.

• Precedente jurídico: La sentencia aclara que la cesión de derechos de imagen a sociedades extranjeras no es automáticamente ilegal si hay actividad real.
• Impacto en Ecuador: El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha intensificado sus auditorías a futbolistas y artistas por este concepto, y el fallo podría usarse como defensa.
• Lección fiscal: La clave está en demostrar que la sociedad gestora tiene sustancia económica y no es una mera pantalla.

Lo que viene ahora

El SRI ecuatoriano aún no se ha pronunciado sobre este caso, pero expertos tributarios consultados por Ahora Loja advierten que el fallo no es vinculante fuera de España. Sin embargo, marca una tendencia judicial internacional que protege al contribuyente si cumple con requisitos de fondo. Los futbolistas ecuatorianos con contratos de imagen deben revisar sus estructuras fiscales para evitar sorpresas.

Por ahora, Eto’o respira tranquilo, pero en Quito, Guayaquil y Loja, los asesores fiscales ya estudian el fallo. La pelota está del lado de Hacienda, que deberá demostrar si en Ecuador hay simulación o no.

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