El Gobierno de Daniel Noboa no quiere esperar más. Este lunes, el Ejecutivo pidió a la Corte Constitucional que acelere el trámite de la consulta popular que busca convocar a una Asamblea Constituyente. La decisión podría cambiar el rumbo político del país.

Para los ecuatorianos, esto no es un debate lejano: una Asamblea Constituyente podría reescribir la Constitución, modificar leyes clave y afectar desde los impuestos hasta la forma de elegir autoridades. Loja, como todas las provincias, sentiría el impacto.

El contexto de la presión

La Corte Constitucional tiene en sus manos la pregunta que el Gobierno quiere llevar a las urnas: «¿Aprueba usted la conformación de una Asamblea Constituyente?» Mientras el alto tribunal delibera, el Ejecutivo argumenta que el país necesita respuestas rápidas ante la crisis institucional y de seguridad.

• ¿Qué decide la Corte? Debe declarar si la consulta es constitucional. Si la avala, el camino queda libre para que el Presidente convoque al referéndum.
• Tiempos ajustados: El Gobierno espera que la consulta se realice en los próximos meses, pero cualquier retraso judicial la alejaría de las próximas elecciones.
• Reacciones divididas: Sectores políticos y sociales han mostrado apoyo y rechazo. Unos ven la Asamblea como la salida a la crisis; otros, como un riesgo de concentración de poder.

Lo que viene ahora

La Corte debe emitir su dictamen en las próximas semanas. Si es favorable, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley para la consulta a la Asamblea Nacional. El país entero estará atento a las reglas del juego. Mientras tanto, el llamado del Gobierno deja claro que la presión política sobre el tribunal es real.

El mensaje para el lector: esté pendiente de las decisiones de la Corte, porque de ellas depende si en los próximos meses usted volverá a las urnas para decidir sobre una nueva Constitución.

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