De los 36 candidatos que buscan llegar a Carondelet, solo 10 —apenas el 28%— plantean en sus planes de gobierno derogar las llamadas leyes procrimen. El dato, revelado por Ojo-Público, enciende las alarmas en un país donde la inseguridad es la principal preocupación ciudadana.

Para los lojanos, esta cifra no es un dato lejano: la provincia de Loja registró un aumento de delitos en el último año, y las leyes que limitan la prisión preventiva o facilitan la excarcelación son señaladas por expertos como un factor que debilita la lucha contra el crimen. Si los candidatos no priorizan su derogación, el debate sobre la justicia seguirá en el limbo.

El contexto de las leyes procrimen

Estas normativas, aprobadas entre 2019 y 2023, redujeron plazos para dictar prisión preventiva, limitaron la reincidencia y ampliaron beneficios penitenciarios. Organizaciones de víctimas y fiscales denuncian que han facilitado la liberación de delincuentes reincidentes. En contraste, el 72% de candidatos no aborda el tema o solo menciona reformas menores.

• Desinterés mayoritario: 26 candidatos omiten el tema en sus planes de gobierno, según Ojo-Público.
• División regional: La mayoría de propuestas de derogación provienen de candidatos de la Sierra y Amazonía; en la Costa, el tema es secundario.
• Impacto directo: En Loja, al menos 3 casos de alto perfil se vieron afectados por estas leyes, retrasando procesos judiciales.

Lo que viene ahora

La presión ciudadana será clave. En las próximas semanas, organizaciones sociales planean foros para exigir posturas claras. Los lojanos deben preguntar a cada candidato: ¿derogará o mantendrá las leyes procrimen? La respuesta definirá el rumbo de la seguridad en Ecuador.

Mientras tanto, la falta de propuestas concretas deja a los votantes con más dudas que certezas. La elección no es solo de nombre, sino de modelo de justicia.

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