Mientras la justicia intenta desarticular al grupo criminal Los Lobos, una nueva revelación sacude al país: sus cabecillas seguían dirigiendo operaciones extorsivas y ajustes de cuentas desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Para los lectores de Loja y Ecuador, esto significa que la amenaza del crimen organizado no se detiene tras las rejas. Durante meses, los líderes usaron códigos de visitas y comunicación con abogados para ordenar atentados y cobros ilegales, según la Fiscalía en el denominado ‘Caso Cazador’.

Contexto del operativo que destapó la red

La investigación comenzó tras el asesinato de un ciudadano en Samborondón, pero pronto se vinculó con una estructura que operaba en al menos cuatro provincias. Los líderes recluidos en La Roca mantenían el control mediante mensajes cifrados y reuniones camufladas como visitas legales.

• Visitas controladas: los cabecillas recibían a sus lugartenientes usando códigos de visitas autorizados, burlando controles.
• Abogados como correos: profesionales del derecho habrían actuado como mensajeros entre el penal y las calles.
• Teléfonos ilícitos: pese a los inhibidores, lograban coordinar extorsiones y sicariato desde celdas supuestamente incomunicadas.

Lo que viene ahora

La Fiscalía ha solicitado medidas cautelares más estrictas y se espera que el Servicio de Rehabilitación Social refuerce los protocolos. Sin embargo, el caso evidencia que el sistema penitenciario requiere una reforma profunda para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operación criminal.

El mensaje final para el lector es claro: mientras no se corten los vínculos entre reclusos y el exterior, el crimen organizado seguirá amenazando la seguridad de todos los ecuatorianos.

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