El presidente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Fernando Jara, encendió la polémica al afirmar que el Partido Comunista (PC) ha dificultado la aprobación de proyectos de ley sobre seguridad en la Asamblea Nacional. Desde las calles de Quito, Jara señaló que ‘no podemos esperar más, la inseguridad nos golpea a todos’. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar: el diputado del PC, Juan Kaiser, salió al paso y declaró: ‘No es cierto, hemos apoyado las iniciativas. No se puede politizar la seguridad’. El cruce de versiones deja en el aire la verdad sobre las votaciones y enciende las alarmas en provincias como Loja.

Para el lojano de a pie, esta disputa no es un simple rifirrafe político. Detrás de las acusaciones está el futuro de leyes clave contra el crimen organizado, extorsión y robos que azotan la región sur del país. Más de 20 asesinatos en Loja en lo que va del año exigen respuestas concretas, no pleitos partidistas. ¿Cómo saber quién tiene la razón? El lector debe exigir transparencia: pedir los registros de votación nominal y seguir el rastro de cada proyecto.

Contexto: el pulso en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional discute al menos tres proyectos de ley de seguridad, entre ellos el que endurece penas para el sicariato y la tenencia ilegal de armas. Jara, como presidente del Consejo, ha hecho un llamado a la unidad, pero apunta directamente al PC como escollo. Kaiser, por su parte, asegura que su bancada ha votado a favor de la mayoría de artículos y tilda de ‘injusta’ la acusación.

• Clave 1: Los proyectos de ley incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar nuevos delitos y aumentar penas.
• Clave 2: La bancada del PC, con 7 asambleístas, ha sido crítica en la aprobación de normas que, según ellos, vulneran derechos constitucionales.
• Clave 3: El debate se da en medio de una ola de violencia que en Loja ha significado un aumento del 30% en denuncias por extorsión.

Lo que viene ahora

La próxima semana se espera una sesión clave donde se votarán los informes para segundo debate. La presión ciudadana será determinante. Organizaciones sociales en Loja ya preparan una vigilia frente a la Gobernación para exigir rapidez y transparencia. No se trata de creer a Jara o a Kaiser, sino de fiscalizar cada voto.

Mientras tanto, el lojano no puede permitirse ser espectador. La seguridad no es un juego de acusaciones: es una urgencia que debe traducirse en leyes efectivas. Solo con la mirada atenta de los ciudadanos podremos saber si el PC realmente obstruye o si Jara exagera.

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