En el papel suena a castigo ejemplar: si un candidato no alcanza al menos el 4% de los votos, debe devolver la mitad del dinero público que recibió para su campaña. Pero en la práctica, esa disposición legal se ha vuelto una promesa vacía, imposible de cumplir.

Para el lector de Loja y del país, esto no es un tecnicismo: significa que el dinero de nuestros impuestos, destinado a financiar la democracia, se queda en manos de quienes no lograron representación. La norma, que buscaba evitar la proliferación de candidaturas sin respaldo, choca contra la realidad de partidos sin recursos y un sistema de control débil.

El contexto de una norma fallida

El artículo 222 del Código de la Democracia establece que los candidatos que no superen el 4% de votos válidos deben reintegrar el 50% del fondo público recibido. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha reconocido que resulta casi imposible cobrar esas deudas. Los partidos argumentan que ya gastaron todo en la campaña y no tienen cómo devolver.

• Falta de fiscalización: El CNE no cuenta con mecanismos eficaces para auditar y recuperar los fondos.
• Endeudamiento político: Muchos candidatos se declaran insolventes después de la campaña, dejando la deuda impaga.
• Desincentivo a la participación: La amenaza de devolución disuade a nuevos liderazgos, pero al final nadie paga.

Lo que viene ahora

El debate está abierto: algunos proponen eliminar el umbral del 4%, otros endurecer las sanciones con embargos preventivos. Mientras tanto, el dinero público sigue fluyendo hacia campañas que no logran conectar con el electorado. La pregunta para el ciudadano es: ¿estamos financiando una democracia de pocos o una de todos?

La lección es clara: una ley sin dientes no cambia la realidad. Hasta que no se ajuste el mecanismo de control, la devolución seguirá siendo un eslogan más que una obligación.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.