Un llamado anónimo sembró el pánico la mañana de este jueves en el complejo judicial de Loja, donde convergen la Unidad Penal y el Tribunal de Garantías Penales. Por protocolo de seguridad, se ordenó la evacuación inmediata de todo el personal, jueces, abogados y ciudadanos que realizaban trámites en el lugar.

Si usted tenía una audiencia o diligencia programada, sepa que todo fue suspendido. La prioridad fue salvar vidas. Aunque no se ha confirmado la presencia de explosivos, la medida fue preventiva y obligatoria.

¿Qué pasó y cómo afecta a los lojanos?

La amenaza de bomba no es un hecho aislado en Ecuador, pero en Loja genera especial conmoción porque el complejo judicial es el epicentro de la administración de justicia en la provincia. Cientos de casos penales, desde delitos menores hasta graves, se gestionan allí. Cualquier interrupción –como esta– retrasa procesos y genera incertidumbre entre víctimas, sindicados y sus familias.

• Evacuación total: Al menos 200 personas entre funcionarios y usuarios salieron ordenadamente del edificio, bajo la supervisión de la Policía Nacional y agentes de seguridad privada.
• Sin artefactos hallados: Hasta el cierre de esta nota, los equipos antiexplosivos no han encontrado ningún objeto sospechoso dentro de las instalaciones.
• Reanudación incierta: Las autoridades evalúan si reabrir el complejo en las próximas horas o mantenerlo cerrado hasta nuevo aviso.

Lo que viene ahora

Los peritos especializados continúan la revisión metro a metro del edificio, mientras la Fiscalía investiga el origen de la llamada amenazante. Se espera un pronunciamiento oficial del Consejo de la Judicatura sobre la reprogramación de audiencias y plazos procesales afectados.

Por ahora, la recomendación es clara: si tiene un trámite pendiente, consulte los canales oficiales antes de acercarse al complejo judicial. La seguridad no se negocia, pero la justicia tampoco puede detenerse por siempre.

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