La Corte Constitucional abrió la puerta a un cambio profundo en el control ciudadano en Ecuador. El presidente Daniel Noboa impulsa una reforma para restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y el máximo tribunal dio el visto bueno para que la propuesta avance en la Asamblea.

¿Qué significa esto para los lojanos? Que el organismo encargado de vigilar a las autoridades y elegir contralores, defensores del pueblo y superintendentes podría perder peso. La decisión pone en jaque la estructura de participación ciudadana creada en la Constitución de Montecristi.

El contexto del fallo

La Corte Constitucional, con siete votos a favor, declaró constitucional el proyecto de ley presentado por Noboa. El argumento central: optimizar recursos y evitar duplicidades. Pero los críticos advierten que se debilita la independencia del CPCCS, que en el pasado fue clave para destapar casos de corrupción.

• Menos poder en designación de autoridades: el CPCCS ya no elegiría directamente a contralores y defensores.
• Eliminación de la facultad de investigar actos de corrupción: pasarían a otras entidades.
• Reducción de su presupuesto: el Consejo operaría con menos recursos y personal.

Lo que viene ahora

El proyecto pasa a la Asamblea Nacional, donde se debatirá en primer debate. El oficialismo busca aprobarlo antes de las elecciones de 2025. Los ciudadanos deben estar atentos: si se aprueba, el control sobre las autoridades locales, como alcaldes y prefectos, quedaría en manos de otras instancias menos autónomas.

En Loja, organizaciones sociales ya preparan foros para analizar el impacto. La decisión final no está tomada, pero el camino se allana para un cambio que redefinirá cómo se fiscaliza al poder en Ecuador.

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