El Gobierno Nacional envió este miércoles a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de ley con carácter económico urgente, esta vez enfocado en controlar los llamados ‘flujos irregulares de capitales’, una medida que busca frenar la entrada y salida de dinero no registrado que desestabiliza la economía ecuatoriana.

Para los lojanos, esta iniciativa significa un posible blindaje del ahorro local y una mayor transparencia en las transacciones internacionales. Si el proyecto avanza, las remesas, las inversiones y los negocios informales podrían verse obligados a declarar sus movimientos, algo que hasta ahora no era exigido de forma tan estricta.

Contexto: ¿Por qué ahora?

Ecuador arrastra desde hace meses una fuga de capitales que el Banco Central estima en miles de millones de dólares. La dolarización hace al país vulnerable a movimientos especulativos, y el gobierno busca herramientas legales para rastrear y regular el dinero que entra y sale sin control fiscal.

• Monitoreo obligatorio: Se exigirá a bancos y cooperativas reportar transacciones superiores a 10 mil dólares.
• Penalización a evasores: Quienes no declaren flujos internacionales podrían enfrentar multas de hasta el 200% del monto no reportado.
• Medida urgente: La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto, de lo contrario entrará en vigencia por ministerio de la ley.

Lo que viene ahora

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea deberá priorizar el debate. Mientras tanto, expertos advierten que la regulación no debe ahogar las inversiones ni complicar las remesas que envían los migrantes. El gobierno asegura que blindará la economía popular, pero el texto final podría definir si Loja y el sur del país ganan estabilidad o nuevas trabas.

Por ahora, el proyecto está en manos de los asambleístas. El reloj corre, y la decisión impactará directamente en el bolsillo de cada ecuatoriano.

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