De los 36 candidatos presidenciales inscritos, solo el 28% —es decir, 10— plantea derogar las leyes procrimen. Para los lojanos y ecuatorianos, esto significa que la mayoría apuesta por mantener el endurecimiento penal, pero con resultados aún por evaluar.

Para el lector común, la pregunta clave es: ¿estas leyes han reducido la delincuencia o solo han aumentado la población carcelaria? En provincias como Loja, donde la inseguridad crece, la postura de los candidatos definirá políticas de seguridad en los próximos años.

¿Qué son las leyes procrimen?

Son normativas aprobadas entre 2019 y 2023 que incrementan penas, limitan beneficios penitenciarios y endurecen el régimen de flagrancia. Sus defensores dicen que combaten el crimen; sus críticos, que no atacan las causas estructurales.

• Endurecimiento de penas: Aumentan años de prisión para delitos como robo y sicariato.
• Mayor control judicial: Se amplían causales para prisión preventiva y se restringen libertades condicionales.
• Impacto en hacinamiento: Las cárceles ecuatorianas registran sobrepoblación crítica, con denuncias de violaciones a derechos humanos.

Lo que viene ahora

En las próximas semanas, los candidatos deberán detallar sus propuestas. Para los electores lojanos, es vital exigir datos concretos: ¿cómo piensan reducir la reincidencia y mejorar la reinserción social? La discusión no puede limitarse a frases populistas.

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