El presidente Guillermo Sánchez rompió este lunes su silencio sobre el escándalo que involucra a su excolaboradora Leire Díez: «Nunca avalé, conocí o permití nada de lo que hacía». Con tono firme, el mandatario buscó desmarcarse de las acusaciones que salpican a su círculo más cercano.

Para los ecuatorianos, esta declaración es clave porque define quién asume la responsabilidad política y judicial de los hechos. Sánchez no solo niega complicidad, sino que se presenta como víctima de un sistema que, según él, también lo persiguió.

Contexto necesario: el caso que remece al Gobierno

Leire Díez, quien fuera asesora de confianza de Sánchez, está siendo investigada por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. El presidente, al pronunciarse, busca cortar el vínculo que lo une a estas acusaciones.

• Negación total: Sánchez afirma no haber tenido conocimiento de las acciones de Díez durante su gestión.
• Autovictimización: El mandatario compara su situación con la suya propia, sugiriendo que él también sufrió un proceso similar y que no repitió ese patrón.
• Impacto político: La oposición exige una investigación independiente, mientras el oficialismo respalda a Sánchez y pide que se respete la presunción de inocencia.

Lo que viene ahora

La Fiscalía General del Estado deberá determinar si la declaración de Sánchez tiene asidero o si existen pruebas que lo vinculen con los actos de su excolaboradora. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha anunciado que solicitará informes detallados. El presidente juega su capital político en esta partida.

El caso no solo compromete a Díez; pone a prueba la credibilidad del gobierno y su promesa de cero tolerancia a la corrupción. En Loja y todo Ecuador, la atención está puesta en los próximos movimientos judiciales. La claridad de Sánchez no es suficiente para cerrar el expediente judicial, pero sí para marcar su postura: él no repitió lo que le hicieron.

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