Un estimado de USD 285 millones circula en Ecuador producto del lavado de activos, según reportes financieros. Esta cifra no es solo un número: representa dinero que evade impuestos, distorsiona precios y alimenta la ilegalidad.

Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en menos recursos para salud y educación, mayor inflación en bienes como vivienda y vehículos, y un debilitamiento de la confianza en el sistema financiero. En Loja, donde la economía es más pequeña, cualquier desviación de fondos se siente con fuerza.

¿Por qué es clave esta cifra?

El lavado de activos no solo afecta a grandes corporaciones; impacta directamente en la capacidad del Estado para invertir. Con 285 millones ‘en negro’, se dejan de recaudar impuestos que podrían financiar carreteras, hospitales o seguridad. Además, encarece productos como autos, propiedades y hasta alimentos, al desequilibrar la oferta y demanda real.

• Compra de propiedades: El sector inmobiliario es el más usado para lavar dinero, elevando precios y dificultando el acceso a vivienda para familias lojanas.
• Negocios ficticios: Restaurantes, lavadoras de autos y tiendas pequeñas son fachada para mover efectivo, compitiendo deslealmente con comercios honestos.
• Fuga de capitales: El dinero ilegal suele salir del país, debilitando la dolarización y la estabilidad cambiaria que tanto nos ha costado.

Lo que viene ahora

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fiscalía trabajan en controles más estrictos, pero la ciudadanía también juega un rol: al exigir facturas, denunciar precios sospechosos y preferir negocios formales. En Loja, donde todos nos conocemos, la vigilancia colectiva puede marcar la diferencia.

No se trata solo de una cifra impactante; es una llamada a la acción. Cada compra con factura, cada denuncia anónima, es un paso contra el dinero sucio. La transparencia empieza en casa.

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