“La resistencia vecinal es, prácticamente, la única vía que queda para evitar el expolio del patrimonio público”, afirmó Fernando Abad Vicente, un conocido activista social, en una reciente intervención pública. Sus palabras resuenan en un momento donde varios espacios emblemáticos de Loja y del país enfrentan proyectos de privatización o concesión.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que lugares que deberían ser de todos, como parques, edificios históricos o centros culturales, pueden terminar en manos privadas, limitando el acceso y cambiando su uso. Abad insiste en que, sin una organización vecinal firme, estos bienes se pierden sin rendición de cuentas.

El contexto del expolio

En los últimos años, diversos municipios han impulsado alianzas público-privadas que, bajo el argumento de la modernización, han cedido la administración de propiedades municipales. Los vecinos denuncian falta de transparencia y beneficios exclusivos para empresas.

• Falta de consulta previa: Las decisiones se toman sin informar a las comunidades afectadas.
• Destino de los recursos: No se sabe a ciencia cierta cuánto ingresa al erario público ni cómo se gasta.
• Pérdida de control ciudadano: Los espacios dejan de ser accesibles gratuitamente o se modifican sus funciones originales.

Lo que viene ahora

Los activistas llaman a formar comités vecinales de vigilancia y a exigir cabildos abiertos. En Loja, ya se preparan marchas informativas. La clave está en la constancia: “No basta con quejarse en redes; hay que ir a las sesiones del concejo y preguntar”, concluye Abad.

El llamado es claro: organizarse o ver cómo el patrimonio común se diluye en proyectos que no siempre benefician a la mayoría.

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