El presidente y su círculo cercano han intensificado una ofensiva verbal contra la Asamblea Nacional, la Función Judicial y la Corte Constitucional, calificándolos de ‘vieja política’ y obstáculos para el cambio. ¿Qué hay detrás de esta estrategia?

Para los lojanos, esta pugna entre poderes del Estado no es un simple juego político. Las decisiones de estos organismos afectan directamente la inversión, la seguridad jurídica y la calidad de la democracia en la provincia.

Contexto de la confrontación

Desde que asumió el cargo, el Ejecutivo ha chocado con estas instituciones. La Asamblea ha frenado reformas clave, la Función Judicial investiga casos de corrupción y la Corte Constitucional ha tumbado decretos presidenciales. Ante esto, el Gobierno optó por desacreditarlas públicamente.

• Asamblea Nacional: tildada de ‘vieja política’ por no aprobar leyes exprés del Ejecutivo. La ciudadanía debe preguntarse si el control legislativo es innecesario o vital para la democracia.
• Función Judicial: señalada de estar ‘politizada’, mientras procesa casos de alto impacto. Los lojanos deben seguir de cerca si hay independencia judicial o presión gubernamental.
• Corte Constitucional: acusada de ‘obstruccionista’ por frenar acciones del Gobierno. Sus fallos definen límites del poder presidencial.

Lo que viene ahora

Se espera que el Ejecutivo recrudezca su discurso. La oposición alerta de un posible debilitamiento institucional. Mientras, en Loja, la incertidumbre crece: las decisiones de estos poderes impactan desde proyectos mineros hasta la seguridad ciudadana.

La democracia no es perfecta, pero sí frágil. Los ciudadanos tienen la palabra: observar, informarse y exigir pesos y contrapesos reales.

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