Una orden judicial ordenó a la Policía Nacional quemar las evidencias del caso de enriquecimiento ilícito que dio origen al llamado ‘Blanqueo Fito’. La decisión ha generado sorpresa y cuestionamientos en Ecuador.

Para los ecuatorianos, este hecho afecta la transparencia de un caso que involucra posibles delitos de corrupción. La destrucción de pruebas levanta dudas sobre la impunidad y el acceso a la justicia.

Contexto: el caso que removió los cimientos

El ‘Blanqueo Fito’ se inició tras una investigación por enriquecimiento ilícito contra un exfuncionario. Las pruebas quemadas eran consideradas la base de todo el proceso. Sin ellas, el caso podría debilitarse.

• Las pruebas: incluían documentos financieros y registros de propiedades que vinculaban al investigado con movimientos sospechosos de dinero.
• La orden judicial: fue emitida por un juez que alegó la necesidad de eliminar material ‘innecesario’ para la investigación, según fuentes oficiales.
• La respuesta policial: agentes acataron la orden e incineraron los elementos en un acta notariada, sin que la Fiscalía pudiera objetar.

Lo que viene ahora

La Fiscalía evalúa si puede solicitar copias de respaldo o si el caso peligra. Organismos de control y la ciudadanía exigen explicaciones. El caso ‘Blanqueo Fito’ podría enfrentar un revés judicial, mientras la sociedad vigila el desenlace.

El hecho de que se hayan quemado pruebas de un caso de corrupción deja una pregunta en el aire: ¿quién se beneficia con la desaparición de estas evidencias? La justicia ecuatoriana tiene la palabra.

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