El presidente Daniel Noboa ha convocado a una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si se instala una Asamblea Constituyente, pero lo ha hecho sin que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la medida. Una jugada que genera incertidumbre y divide opiniones.

Para los ciudadanos de Loja y de todo el país, esto significa que se les pide opinar sobre un tema que define el futuro de la Constitución, pero sin el filtro jurídico que garantice que la consulta se ajusta a las reglas del juego. ¿Es legal? ¿Es legítimo? Son preguntas que flotan en el ambiente.

Contexto: El camino hacia la Constituyente

Noboa había anunciado su intención de convocar a una consulta popular para reformar la Constitución, pero el procedimiento habitual exige que la Corte Constitucional revise si la pregunta es constitucional. Al saltarse ese paso, el presidente apuesta por una vía directa que podría ser impugnada.

• Sin revisión previa: La Corte Constitucional no ha avalado la pregunta, lo que abre la puerta a recursos legales.
• Pregunta clave: Los ecuatorianos deberán responder si quieren una Asamblea Constituyente, que podría redactar una nueva Constitución.
• Plazos inciertos: Aún no se define la fecha de la consulta ni cuándo se instalaría la Asamblea en caso de ganar el sí.

Lo que viene ahora

La oposición ya ha anunciado que impugnará la convocatoria ante la Corte Constitucional, mientras que el oficialismo confía en que el respaldo popular legitime el proceso. El desenlace está en manos de los jueces y, sobre todo, de los votantes.

El futuro de la Constitución ecuatoriana pende de un hilo. Usted tendrá la última palabra, pero antes asegúrese de que su voto esté informado sobre los alcances y riesgos de esta consulta exprés.

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