El presidente Daniel Noboa presiona el acelerador: pide a la Corte Constitucional que resuelva con urgencia el pedido de consulta popular sobre una Asamblea Constituyente. La decisión, esperada para los próximos días, define si Ecuador inicia un proceso de reforma total de la Constitución.

Para los lojanos, esta no es una disputa lejana. Una nueva Constitución afectaría directamente la distribución de recursos, la autonomía local y la vigencia de leyes como la de Fomento Productivo. Cada votante debe entender lo que está en juego.

¿Qué está pasando?

El Ejecutivo envió el 15 de octubre una consulta a la Corte para que se pronuncie sobre la viabilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Ahora el Gobierno pide acelerar el trámite. La Corte tiene hasta 45 días para responder, pero el oficialismo espera una respuesta en semanas.

• Plazos: La Corte debe emitir dictamen antes de diciembre, aunque el gobierno pide adelantarlo para incluir la consulta en las elecciones de 2025.
• Implicaciones: De aprobarse, se abriría un proceso para redactar una nueva Constitución que reemplace la de Montecristi (2008).
• Riesgos: La oposición advierte que una Constituyente sin reglas claras concentraría poder en el Ejecutivo.

Lo que viene ahora

La Corte deberá notificar su decisión en los próximos días. Si es favorable, el gobierno enviará la consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar la votación. En Loja, las organizaciones sociales ya preparan debates para informar a la ciudadanía.

La pelota está en la cancha de la Corte. La transparencia y la claridad serán claves para que los ecuatorianos sepan si van a las urnas para cambiar las reglas del juego político.

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