De los 36 candidatos que buscan la Presidencia de Ecuador, solo 10 —apenas un 28%— han incluido en sus planes de gobierno la derogación de las llamadas leyes procrimen. Así lo revela un análisis de Ojo-Público, que pone en evidencia la poca voluntad política de desmontar normas que, según organizaciones sociales, criminalizan la protesta.

Para los ciudadanos de Loja y todo el país, este dato es clave: las leyes procrimen, impulsadas en gobiernos anteriores, han sido usadas para sancionar a manifestantes, líderes indígenas y defensores del agua. Si la mayoría de candidatos no las tocan, el próximo gobierno puede seguir aplicándolas.

El contexto de las leyes procrimen

Estas normas, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Integral Penal, permiten penas de hasta cinco años por «obstrucción de la vía pública» o «paralización de servicios». Organismos internacionales como la CIDH han pedido su revisión.

• Solo 10 candidatos de 36 proponen derogación total o parcial.
• La mayoría ni siquiera menciona el tema en sus planes de gobierno.
• En provincias como Loja, donde la protesta ha sido herramienta comunitaria, el tema es crítico.

Lo que viene ahora

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los votantes tienen la oportunidad de exigir posturas claras. No basta con promesas: hay que leer los planes de gobierno y preguntar directamente a los candidatos si están dispuestos a derogar estas leyes. En Loja, donde la resistencia al extractivismo ha sido constante, el tema debe estar en la agenda.

El próximo presidente decidirá si Ecuador opta por un modelo participativo o por la criminalización de la protesta. Los ciudadanos tenemos la palabra.

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