La violencia no respeta togas ni códigos. En los últimos meses, al menos tres fiscales han sufrido atentados y varios jueces han recibido amenazas directas. Quienes deben aplicar la ley ahora temen por su vida.

Si los encargados de investigar y juzgar delitos tienen que pedir protección para salir de casa, ¿qué esperanza queda para el ciudadano común? Esta no es una pelea lejana: en Loja, cualquier caso de narcotráfico o corrupción puede tener represalias contra quienes lo llevan.

Contexto de una escalada que no para

Desde 2021, Ecuador ha registrado un aumento de ataques contra operadores de justicia. Según la Fiscalía General, en 2023 se reportaron 47 amenazas graves a fiscales a nivel nacional. El problema se concentra en provincias con alta presencia del crimen organizado, como Guayas, Manabí y Los Ríos, pero el riesgo se extiende a todo el país.

• Fiscales antinarcóticos son los más expuestos: reciben amenazas de muerte, seguimientos y ataques armados.
• Jueces que dictan prisión preventiva contra cabecillas de bandas son intimidados en sus domicilios y juzgados.
• Las autoridades han reforzado esquemas de seguridad, pero los recursos son insuficientes para cubrir a todos los funcionarios.

Lo que viene ahora

El Consejo de la Judicatura evalúa medidas como escoltas permanentes, blindaje de sedes judiciales y traslados temporales. Pero la solución de fondo pasa por desarticular las estructuras criminales. Mientras eso no ocurra, jueces y fiscales seguirán en la mira.

Un sistema de justicia débil no protege a nadie. La próxima vez que vea una audiencia por televisión, recuerde: quien juzga puede estar firmando su propia sentencia de muerte.

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