La ley es clara: si un candidato no alcanza al menos el 4% de los votos, debe devolver la mitad del dinero que el Estado le entregó para su campaña. Pero en la práctica, esa obligación se ha vuelto casi una utopía. ¿El motivo? No hay mecanismos efectivos para cobrar, ni sanciones reales para quienes incumplen.

Para los lectores de Loja y Ecuador, esto no es un detalle técnico: significa que millones de dólares de tus impuestos se pierden en campañas sin éxito, sin que exista un retorno. Cada elección, el fondo de democracia reparte recursos que, en muchos casos, solo engordan la deuda con el Estado.

¿Por qué no se puede cobrar?

El principal problema es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuenta con un sistema de seguimiento ni cobro coactivo para recuperar esos fondos. Además, muchos candidatos simplemente desaparecen de la vida política o alegan insolvencia. Los plazos para reclamar son tan largos que, cuando se vence, la deuda prescribió.

• Falta de garantías: El Estado no exige una fianza ni un aval antes de entregar el dinero de campaña.
• Endeudamiento crónico: En las últimas elecciones seccionales de 2023, más del 60% de candidatos perdedores no devolvieron un solo centavo.
• Sin consecuencias políticas: No hay registro público de morosos ni inhabilitación para futuras candidaturas por esta causa.

Lo que viene ahora

La Asamblea Nacional tiene en debate una reforma a la Ley de Democracia que busca endurecer las reglas. Sin embargo, mientras no haya un sistema efectivo de cobro, la normativa seguirá siendo letra muerta. Como ciudadano, exige que tus representantes impulsen mecanismos reales de control, porque al final, el dinero es de todos.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.