El presidente Daniel Noboa autorizó un pago de 230 millones de dólares en compensaciones a funcionarios públicos jubilados. Una cifra que enciende alertas sobre el gasto fiscal en un país que busca reactivarse.

Para el bolsillo del lojano, este desembolso significa menos margen para inversión en salud, educación o infraestructura local. Cada dólar gastado en compensaciones es un dólar que no llega a los cantones.

Contexto: deudas del pasado

Estos pagos corresponden a bonificaciones y liquidaciones atrasadas de empleados que salieron del sector público en gobiernos anteriores. El actual régimen decidió saldarlas para aliviar la presión social y legal, pero el costo es alto.

• 230 millones es el monto total, equivalente al presupuesto anual de varios municipios pequeños de Loja.
• Los beneficiarios son exfuncionarios de ministerios, empresas públicas y gobiernos locales, incluidos algunos lojanos.
• El pago se realiza en medio de un déficit fiscal que obliga a recortes en otros rubros.

Lo que viene ahora

El Gobierno espera que con estos pagos se reduzcan los juicios laborales contra el Estado. Pero el riesgo es que sienten un precedente para nuevas demandas. Para Loja, la pregunta es si este esfuerzo financiero se traducirá en mejores servicios o solo en un respiro contable.

En resumen: el dinero ya está comprometido. Ahora toca vigilar que no falten recursos para lo esencial.

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