La Asamblea Nacional le entregó un cheque en blanco al presidente Daniel Noboa. Durante los últimos doce meses, el Legislativo no puso una sola traba seria a las iniciativas del Ejecutivo: leyes exprés, presupuestos sin debate y designaciones sin objeciones. ¿Qué pasó con el equilibrio de poderes que tanto ofrecieron en campaña?

Para el lector de Loja, esta noticia no es ajena. Detrás de la puerta giratoria de Quito están las decisiones que afectan el empleo, la inversión y los servicios públicos en la provincia. Cuando el Congreso deja de fiscalizar, el riesgo de políticas improvisadas o centralizadas crece. Y de eso no se habla lo suficiente.

Asamblea, año uno: incondicional con Noboa

Desde mayo de 2024, el presidente Noboa ha tenido una Asamblea dócil. Con una bancada oficialista ampliada gracias a alianzas con grupos que antes eran oposición, el Ejecutivo logró aprobar reformas tributarias, cambios en la Ley de Hidrocarburos y hasta un nuevo Código de Trabajo sin mayores contratiempos. Las comisiones funcionaron como mesas de trámite, no de debate.

Este fenómeno tiene tres claves que todo ecuatoriano debería conocer:

• Control de la agenda legislativa: El oficialismo fija los temas que se votan. Proyectos de control político, como la fiscalización de contratos públicos, simplemente no llegan al pleno.
• Falta de oposición real: Los partidos que antes eran críticos (UNES, PSC, parte de la izquierda) ahora negocian cuotas de poder o votan a favor de leyes clave. No hay un contrapeso visible.
• Presión externa: Noboya amenaza con la disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones (la famosa “muerte cruzada”) si no se aprueban sus proyectos. Eso disciplina a los legisladores.

Lo que viene ahora

Con un Congreso que no controla ni frena, el Ejecutivo tiene vía libre para el próximo año. En la agenda están la reforma al sistema de pensiones, la ley de financiamiento universitario y los ajustes al presupuesto general del 2026. Sin debates ni rendición de cuentas, Loja y otras provincias podrían quedar fuera de las prioridades nacionales. El Pacto Democrático que exige la Constitución se diluye en la práctica.

La Asamblea Nacional eligió la lealtad sobre la independencia. Ahora el reto para la ciudadanía es exigir que esa confianza no se convierta en impunidad. Ecuador necesita un Congreso que mire al país, no solo al Palacio de Carondelet.

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