Tras semanas de controversia, el Ejecutivo envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el proyecto de enmienda constitucional corregido, restituyendo a la Asamblea Nacional la potestad de designar autoridades de control. Un giro que busca despejar tensiones políticas.

Para los ecuatorianos, esto significa que el Congreso volvería a elegir directamente al Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo y superintendentes, poderes que estaban en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Si avanza, el cambio afectará la independencia de estos organismos.

El contexto de la disputa

El proyecto original, enviado en enero, generó rechazo por parte de sectores opositores y organizaciones sociales, que lo veían como un retroceso en la lucha anticorrupción. La corrección elimina la intervención del Ejecutivo en la terna y deja la decisión final en el Legislativo.

• Asamblea elegirá a las autoridades con mayoría calificada, sin participación del presidente.
• CNE revisará el proyecto en 30 días para convocar a consulta popular o trámite legislativo.
• Plazo ajustado: el cambio debe estar vigente antes de las elecciones de 2025 para aplicar en los nuevos nombramientos.

Lo que viene ahora

El CNE tiene la palabra. Debe certificar el cumplimiento de requisitos y enviar el texto a la Corte Constitucional para control previo. Luego, la Asamblea aprobaría la enmienda con 92 votos. Si falla, se iría a consulta popular.

Por ahora, la pelota está en la cancha del Legislativo, que deberá demostrar si es capaz de ponerse de acuerdo sin dilaciones. El país observa atento: de esta decisión depende el equilibrio de poderes en los próximos años.

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