El Presidente y su equipo han intensificado ataques contra la Asamblea Nacional, la Función Judicial y la Corte Constitucional, llamándolos ‘vieja política’ y señalándolos de obstruir su gestión. En Loja, estas declaraciones resuenan entre ciudadanos que temen un debilitamiento de la democracia.

¿Por qué importa? Porque cuando el Ejecutivo desacredita a otras funciones del Estado, se pone en riesgo el equilibrio de poderes. Para el lojano, esto significa que sus derechos podrían quedar desprotegidos si no hay controles efectivos.

Contexto de los señalamientos

Desde hace semanas, altos funcionarios del Gobierno han calificado a la Asamblea como ‘lastre del pasado’, a la Función Judicial como ‘politizada’ y a la Corte Constitucional como ‘obstáculo’. Los señalamientos coinciden con momentos clave: discusión de leyes económicas y casos de corrupción que involucran a allegados al Ejecutivo.

• Asamblea Nacional: El Ejecutivo busca aprobar reformas urgentes, pero encuentra resistencia de bloques opositores.
• Función Judicial: Jueces han emitido fallos que frenan decisiones gubernamentales, como la paralización de decretos ejecutivos.
• Corte Constitucional: Ha declarado inconstitucionales varias normas impulsadas por el Gobierno, generando malestar en el oficialismo.

Lo que viene ahora

Expertos advierten que esta estrategia puede escalar a una crisis institucional. En Loja, organizaciones sociales llaman a la ciudadanía a informarse y exigir respeto a la independencia de poderes. El próximo paso será clave: si el Ejecutivo insiste en desacreditar, podría buscarse un juicio político o incluso una reforma judicial.

Para el lector, la recomendación es clara: seguir de cerca las decisiones de la Corte Constitucional y el rol de los asambleístas locales, porque lo que ocurre en Quito impacta directamente en la vida diaria de cada lojano.

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