El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 500, que habilita una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente. La medida, anunciada desde la campaña electoral, ahora cobra forma y promete redefinir el sistema político ecuatoriano.

Para los lojanos, esta noticia no es ajena: el sur del país ha sido cuna de movimientos sociales que históricamente demandaron cambios profundos. Si se concreta, la Constituyente podría modificar desde la estructura del Estado hasta derechos fundamentales, impactando directamente la vida de los ciudadanos.

Contexto de la propuesta

La Constitución de Montecristi (2008) ya contempla la figura de la Asamblea Constituyente, pero su convocatoria requiere un proceso complejo. El decreto de Noboa propone que la ciudadanía decida en las urnas si apoya o no la instalación de una nueva asamblea, que sesionaría en Quito y estaría integrada por representantes electos.

• Consulta popular: la primera fase es preguntar al país si está de acuerdo; se necesita mayoría simple para que avance.
• Elección de asambleístas: de ganar el ‘sí’, se convocarían elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, con cupos por provincia.
• Nueva Constitución: la asamblea redactaría un nuevo texto constitucional, que luego debería ser aprobado en referéndum.

Lo que viene ahora

El siguiente paso es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto. Si lo avala, el Consejo Nacional Electoral organizará la consulta. Mientras tanto, los sectores políticos y sociales ya toman posiciones. En Loja, organizaciones y ciudadanos deberán informarse para decidir si apoyan o no este camino de cambios profundos.

La decisión final está en manos del pueblo. Nobya ha dicho que ‘es momento de escuchar a todos’, y el país espera que el debate sea amplio y transparente.

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