El Gobierno nacional puso presión sobre la Corte Constitucional al pedirle que acelere su decisión sobre la viabilidad de convocar una Asamblea Constituyente. La solicitud, hecha pública esta semana, busca definir si el presidente puede impulsar este mecanismo sin pasar por la Asamblea Nacional.

Para los ecuatorianos, el fallo definirá si se abre un camino hacia una nueva Constitución o si se mantiene el marco actual. Si la Corte da luz verde, se abriría un proceso que podría reconfigurar el poder político y las instituciones del país.

¿Por qué ahora?

El oficialismo sostiene que la Constitución de Montecristi necesita cambios profundos para enfrentar la crisis de seguridad y económica. La oposición, en cambio, advierte que es una maniobra para concentrar poder. La Corte Constitucional tiene la última palabra, pero su silencio hasta ahora ha generado incertidumbre.

• El Gobierno presentó un pedido formal para que la Corte se pronuncie de forma urgente sobre la constitucionalidad del proceso.
• La Asamblea Nacional ya ha expresado su rechazo, argumentando que una Constituyente sin su aval violaría el orden democrático.
• Organismos internacionales y juristas siguen de cerca el caso, pues sentaría un precedente en la región.

Lo que viene ahora

La Corte debe emitir una resolución en las próximas semanas. Si es favorable, el Ejecutivo podría convocar a una consulta popular para que los ciudadanos decidan si quieren una Constituyente. Si es negativa, el Gobierno tendría que buscar otras vías, como un acuerdo político en la Asamblea.

Lo que está en juego no es menor: el modelo de Estado que regirá Ecuador en las próximas décadas. Por ahora, la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional.

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