A poco más de dos años de las elecciones seccionales de 2027, dos temas generan incertidumbre en Loja y el país: la seguridad de los candidatos y la regulación de las campañas en redes sociales. La violencia política y la desinformación digital son amenazas concretas que aún no tienen una hoja de ruta clara.

Para el lector lojano, esto no es un debate lejano. En 2027 se elegirán alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales. La capacidad de votar informado y en un entorno seguro depende de cómo se resuelvan estos dos problemas.

Contexto: un escenario complejo

Las elecciones de 2023 ya evidenciaron riesgos: candidatos asesinados en distintas provincias y una ola de noticias falsas que afectó el voto. Para 2027, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe actualizar protocolos, pero el presupuesto y la coordinación con la Policía son inciertos. Además, las redes sociales se consolidan como el principal campo de batalla electoral, sin reglas claras contra la manipulación.

• Seguridad física: No hay un plan nacional de protección para candidatos locales, y las capacidades policiales varían según la provincia.
• Control de redes: La falta de regulación permite la difusión de desinformación, ataques y propaganda encubierta sin rendición de cuentas.
• Fiscalización: El CNE carece de herramientas tecnológicas suficientes para monitorear el gasto en campañas digitales, que suele ser opaco.

Lo que viene ahora

El próximo año, el CNE deberá presentar un reglamento actualizado. Las organizaciones políticas y la ciudadanía pueden exigir transparencia desde ya. En Loja, la seguridad de los candidatos y la calidad de la información en redes serán clave para unas elecciones limpias.

La democracia ecuatoriana necesita respuestas concretas, no promesas. Como votante, su papel es estar atento y exigir que estos temas se resuelvan antes de que empiece la campaña.

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