El programa de gestores de paz, que cuenta con un presupuesto de USD 72 millones, se ha convertido en el nuevo campo de batalla política entre el presidente Daniel Noboa y la alcaldesa de Quito, Pabel González. Mientras el gobierno lo defiende como herramienta de prevención del delito, la alcaldesa lo cuestiona por ineficaz y costoso.

Para los lojanos, esta disputa no es ajena: el país busca alternativas para frenar la violencia, y lo que se decida en Quito impactará las políticas de seguridad local. ¿Es este gasto una solución real o un elefante blanco?

Contexto: ¿Qué son los gestores de paz?

Los gestores de paz son civiles capacitados para mediar conflictos y prevenir la violencia en zonas críticas. La controversia surge porque, según González, el programa duplica funciones de la Policía y carece de resultados medibles. Noboa, en cambio, asegura que reduce la presión sobre las fuerzas del orden.

• USD 72 millones equivale al presupuesto anual de un municipio mediano como Loja.
• González pide que esos fondos se destinen a equipamiento policial y tecnología de vigilancia.
• Noboa insiste en que los gestores han disminuido riñas en un 15% en sectores piloto.

Lo que viene ahora

El Congreso deberá pronunciarse sobre la partida presupuestaria en las próximas semanas. Mientras tanto, alcaldes de todo el país observan si el modelo se expande o se archiva. Para el lojano, la clave está en exigir transparencia: ¿cuánto se gasta realmente y con qué resultados?

La seguridad no es un saldo en disputa, sino un derecho que merece inversiones claras y efectivas. Lo que está en juego es si los USD 72 millones servirán para construir paz o solo para alimentar un debate político.

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