Si un delincuente huye del país, la justicia ecuatoriana ya no tendrá que esperar años para traerlo de vuelta. Una nueva reforma legal busca endurecer y acelerar los procesos de extradición, en medio del hartazgo ciudadano por la impunidad.

Para los lojanos, esto significa que casos de corrupción, narcotráfico o crimen organizado que involucren a fugitivos podrán resolverse más rápido. La reforma apunta directamente a cerrar la puerta a quienes creen que salir del Ecuador es sinónimo de impunidad.

¿Por qué se necesita una reforma?

Actualmente, los trámites de extradición pueden estancarse por años debido a vacíos legales, recursos judiciales y falta de cooperación internacional. El nuevo proyecto establece plazos más cortos, elimina trabas burocráticas y refuerza la asistencia mutua con otros países.

• Plazos reducidos: la Corte Nacional tendrá un máximo de 90 días para resolver cada caso.
• Mayor colaboración: se obliga a las instituciones a compartir información en tiempo real con países aliados.
• Sin escapatoria: se amplían los delitos que habilitan la extradición, incluyendo ciberdelitos y corrupción privada.

Lo que viene ahora

El proyecto se debate en la Asamblea Nacional y se espera su aprobación en los próximos meses. La ciudadanía debe estar atenta a quiénes apoyan o rechazan la medida, pues revelará compromisos con la lucha contra el crimen. Mientras tanto, los jueces ya se preparan para aplicar las nuevas reglas en cuanto entren en vigor.

En resumen: la justicia ecuatoriana se pone al día. La extradición ya no será un laberinto, sino una vía rápida para que los delincuentes respondan ante la ley, estén donde estén.

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