El presidente Daniel Noboa acaba de enviar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el texto corregido de la enmienda constitucional que, si es aprobada en referéndum, eliminaría al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y daría a la Asamblea Nacional la potestad de designar a las autoridades de control. Para los lojanos, esto significa un cambio radical en cómo se eligen contralores, fiscales y defensores públicos.

¿Por qué debería importarte? Porque la designación política de estas autoridades —por parte de la Asamblea, de mayoría oficialista— podría acelerar procesos o, por el contrario, generar mayor incertidumbre sobre su independencia. En Loja, donde la Contraloría y la Fiscalía han tenido un rol clave en la lucha contra la corrupción local, el cambio toca de cerca.

¿Qué propone exactamente la enmienda?

• Fin del CPCCS: Se elimina el Consejo de Participación Ciudadana como ente selector. Sus funciones de control social pasarían a otras entidades.
• Asamblea designa: La Asamblea Nacional, con mayoría del partido de gobierno, elegirá a los titulares de Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Superintendencias.
• Referéndum obligatorio: El proyecto debe ser aprobado en las urnas. Noboa lo envió al CNE para que convoque a consulta popular, posiblemente en febrero de 2025.

Lo que viene ahora

El CNE debe calificar el proyecto y fijar fecha para el referéndum. Mientras tanto, la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— ya está en sesión para debatir el texto. Los sectores de oposición alertan sobre una concentración de poder, pero el gobierno argumenta que se simplifica la designación y se elimina una estructura costosa.

Para los lojanos, la pregunta clave es: ¿este cambio hará más eficientes a las autoridades de control o las politizará aún más? La respuesta estará en las urnas.

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