Un hombre de 34 años, detenido por su presunta participación en un secuestro, murió mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional en Cuenca. La Fiscalía investiga si hubo negligencia o uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

El caso, que ocurrió en pleno centro de Cuenca, ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre el trato a los detenidos y la transparencia en los procedimientos policiales. Para los lectores de Loja, la cercanía geográfica y la similitud de los cuerpos policiales hacen que este hecho sea relevante: cualquier fallo en el sistema puede repetirse en cualquier ciudad.

Contexto del caso

La víctima fue aprehendida el martes pasado por agentes de la Dinased, tras una denuncia por secuestro. Horas después, mientras permanecía en una celda de la Unidad de Flagrancia, sufrió un paro cardíaco. Los médicos no pudieron reanimarlo.

La autopsia inicial reveló traumatismos múltiples, lo que llevó a la Fiscalía a separar del cargo a los tres policías que lo custodiaban y abrir una investigación por el delito de tortura seguida de muerte.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cualquier muerte bajo custodia debe ser investigada de oficio, pero en la práctica hay demoras y opacidad. Este caso es una prueba para el sistema.

3 claves para entender lo que pasó

• Detención sin garantías: El detenido no recibió atención médica pese a presentar signos de descompensación.
• Versiones contradictorias: La Policía asegura que el hombre se golpeó solo; la Fiscalía dice que hay evidencia de violencia.
• Antecedentes de abusos: En Ecuador, entre 2020 y 2024, se reportaron al menos 15 muertes en celdas policiales sin sentencia firme.

Lo que viene ahora

La Fiscalía tiene 30 días para presentar cargos. La Policía Nacional ha anunciado una auditoría interna, aunque sin plazos concretos. La familia del fallecido exige justicia y pide cámaras en todas las celdas.

Mientras tanto, este caso reabre el debate sobre el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penal ecuatoriano, un tema que afecta a todos los ciudadanos porque, detenido o no, la vida debe estar protegida.

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