La mañana de este miércoles, la Fiscalía allanó viviendas, oficinas y juzgados en Portoviejo, Manta y Jipijapa. El objetivo: funcionarios judiciales señalados de haber tejido una red de protección para el narcotráfico. La operación se llama Narcotentáculos.

Para usted, lector de Loja o de cualquier provincia del país, esto no es un rumor lejano. Significa que la justicia no solo investiga a los capos, sino a quienes —desde los escritorios— presuntamente les facilitaron el camino. La credibilidad del sistema judicial está en juego.

El contexto detrás de los allanamientos

El caso Narcotentáculos surge de una investigación que lleva meses. La Fiscalía sospecha que un grupo de jueces, secretarios y empleados judiciales habrían emitido resoluciones favorables, ocultado pruebas o alertado a investigados. Todo a cambio de dinero, vehículos o influencias. Los allanamientos buscan recoger documentos, equipos electrónicos y evidencias que confirmen estas conexiones.

• Viviendas allanadas: casas de varios jueces de la Corte de Justicia de Manabí y de empleados de juzgados penales.
• Oficinas judiciales: despachos en Portoviejo, Manta y Jipijapa, donde se incautaron computadoras, expedientes y celulares.
• Delitos investigados: cohecho, prevaricato, delincuencia organizada y lavado de activos.

Lo que viene ahora

En los próximos días, la Fiscalía procesará la evidencia incautada y podría llamar a versiones o dictar medidas cautelares. Además, el Consejo de la Judicatura ya anunció que suspenderá temporalmente a los funcionarios investigados. El mensaje es claro: ningún poder, ni siquiera el judicial, está blindado a la ley.

La lucha contra el narcotráfico no se gana solo en las calles, sino también dentro de los tribunales. Este operativo recuerda que la transparencia judicial es la base de cualquier democracia. Así que, cuando termine la lectura, pregúntese: ¿qué más podemos hacer para limpiar la justicia desde adentro?

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