Imagina que te prestan dinero para un proyecto, no logras los resultados y te piden que devuelvas la mitad. Así debería funcionar con los candidatos que no alcanzan el 4% de votos, pero la realidad es otra: la norma es casi imposible de cumplir.

Para el elector de Loja y Ecuador, esto significa que el dinero público destinado a campañas políticas puede perderse sin rendir cuentas. Cada año, millones de dólares salen del presupuesto estatal para financiar a candidatos que, al no alcanzar el mínimo de votos, deberían devolver parte del fondo. Sin embargo, la falta de mecanismos de control y la burocracia hacen que la promesa de recuperación sea letra muerta.

El origen de la norma y su aplicación fallida

La disposición está en el Código de la Democracia: si un candidato no obtiene al menos el 4% de los votos válidos, debe restituir el 50% del dinero recibido del Estado. La intención era evitar financiar campañas sin respaldo ciudadano y fomentar la responsabilidad fiscal. Pero en la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de herramientas coercitivas efectivas. Muchos candidatos simplemente no devuelven y el proceso judicial es tan lento que los montos se vuelven incobrables.

• Falta de garantías: No se exigen fianzas ni seguros previos que aseguren la devolución.
• Morosidad impune: Los plazos para reclamar se dilatan y los candidatos pueden argumentar insolvencia.
• Fiscalización débil: El CNE no tiene capacidad para auditar en tiempo real los gastos de campaña y determinar qué parte del dinero debe devolverse.

Lo que viene ahora

Mientras la Asamblea Nacional no reforme la ley o el CNE endurezca los mecanismos de control, la devolución seguirá siendo una ilusión. Para el ciudadano de a pie, esto es una alerta: el dinero de todos financia campañas que no representan a la mayoría. Exigir transparencia y seguimiento a los candidatos locales, sobre todo en provincias como Loja, es clave para que esta norma no quede solo en el papel.

La próxima vez que un candidato te pida el voto, recuerda que si no llega al 4%, la ley dice que debe devolver, pero la práctica dice que no lo hará.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.