La Asamblea Nacional aprobó una ley exprés que permite a empresas y ciudadanos donar recursos directamente a la Policía y Fuerzas Armadas, en medio de la crisis de seguridad que golpea al país. La norma, calificada como urgente por el Ejecutivo, busca cerrar la brecha de equipamiento y tecnología que enfrentan los uniformados.

Para los lojanos, esta ley significa que la seguridad ya no depende solo del presupuesto estatal: ahora, empresas locales, comerciantes y hasta ciudadanos podrán contribuir con equipos de protección, cámaras de vigilancia o patrullas. La medida apunta a agilizar la respuesta contra el crimen organizado, que también ha tocado a la frontera sur.

¿Qué cambia con la nueva ley?

• Donaciones deducibles de impuestos: Empresas y personas naturales podrán donar hasta el 10% de su renta neta y desgravar el monto en el año fiscal.
• Fondo transparente: Se crea el Fondo de Seguridad Ciudadana, manejado por el Ministerio del Interior, con rendición de cuentas trimestral pública.
• Prioridad en zonas críticas: Los recursos se destinarán primero a provincias con mayor incidencia delictiva, como Guayas, Manabí y, por su condición fronteriza, Loja.

Lo que viene ahora

El reglamento se expedirá en 30 días, detallando montos mínimos, procedimientos de transferencia y control. La Contraloría supervisará cada donativo. Para el ciudadano común, la invitación es clara: si quiere aportar, deberá hacerlo a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) o directamente en cuentas fiscales habilitadas.

La ley no es una varita mágica, pero es un paso concreto que acerca el esfuerzo privado a la seguridad pública. En Loja, donde el narcotráfico y la minería ilegal presionan, cada recurso cuenta.

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