Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia de Perú, ha encendido el debate al sugerir la derogación de las leyes procrimen como camino para reducir la inseguridad. La propuesta, presentada en un foro internacional, encuentra eco en sectores que cuestionan la eficacia del endurecimiento penal, pero choca con la realidad ecuatoriana donde el crimen organizado se ha vuelto más violento.

Para el lector ecuatoriano, esta discusión no es teórica: las políticas procrimen han sido la respuesta estatal ante el aumento de asesinatos y extorsiones. ¿Realmente frenan la delincuencia o solo la encubren?

El contexto detrás de la propuesta

En varios países de América Latina, las leyes procrimen han sido criticadas por su enfoque punitivo sin atender causas estructurales. Pérez Tello plantea que, al eliminar estas normas, se abriría paso a estrategias de prevención y reinserción. Sin embargo, en Ecuador las cifras de homicidios han crecido incluso bajo estados de excepción.

• Endurecimiento penal sin resultados: Las leyes procrimen han aumentado las penas, pero no han reducido la reincidencia.
• Prevención vs. represión: La propuesta apuesta por más inversión en educación y empleo juvenil.
• Riesgo político: Derogar estas leyes podría interpretarse como una señal de debilidad frente al crimen.

Lo que viene ahora

El gobierno ecuatoriano no muestra intención de cambiar su estrategia de seguridad. Mientras tanto, el debate se instala en la agenda pública: ¿seguimos por la vía del castigo o exploramos alternativas integrales? La decisión marcará el rumbo del país.

Al final, la seguridad no es solo cuestión de penas: es una promesa de justicia y oportunidades. Eso, ninguna ley procrimen puede comprarlo.

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