“Todo se archivó rápido, sin hacer mucho ruido”: la cuenta pendiente del Estado con las víctimas del Patronato de la mujer

En Ecuador, cientos de mujeres sobrevivieron al abuso sistemático en el Patronato de la Mujer, un centro de reclusión para “mujeres descarriadas” que operó hasta los años 80. Hoy, mientras algunas avanzan en procesos de justicia, el Estado mantiene una deuda histórica: las víctimas del Patronato aún esperan reparación integral y verdad.

El silencio administrativo que sepultó los casos

Las investigaciones fiscales sobre el Patronato —ubicado en Quito y con sedes en otras provincias— fueron archivadas en pocos meses. “Todo se archivó rápido, sin hacer mucho ruido”, denuncia María León, sobreviviente y activista de 68 años.

Según expedientes obtenidos por este medio, la Fiscalía General del Estado cerró al menos 12 denuncias entre 2019 y 2023 sin llegar a juicio. El argumento: “prescripción de la acción penal” por delitos cometidos hace más de 40 años.

¿Cuántas víctimas siguen invisibles?

• Más de 200 mujeres fueron internadas contra su voluntad entre 1950 y 1985.
• Solo 3 casos lograron una certificación oficial de la Defensoría del Pueblo como víctimas de violencia institucional.
• 0 reparaciones económicas entregadas hasta la fecha, según la Secretaría de Derechos Humanos.

La lucha de las sobrevivientes: “No queremos limosna, queremos memoria”

En Guayaquil y Cuenca, las afectadas formaron la Red de Víctimas del Patronato. Su exigencia principal: un monumento público y un archivo histórico que documente los abusos.

“El Estado nos falló dos veces: cuando nos encerró y cuando archivó la causa”, afirma Rosa Espinoza, quien pasó cinco años internada a los 14 años. “Ahora solo pido que mis nietas sepan la verdad, sin miedo”.

Los vacíos legales que facilitan el olvido

• La Ley de Reparación a Víctimas de Violencia Política (2012) excluye a quienes sufrieron abusos en instituciones religiosas o privadas, como el Patronato.
• Los archivos originales del centro fueron destruidos en un incendio en 1999, según la Dirección Nacional de Archivos.
• El Proyecto de Ley de Memoria Histórica, presentado en 2022, duerme en la Asamblea Nacional sin debate.

Un juez abre una grieta de esperanza

En agosto de 2024, el Juzgado Penal de Pichincha admitió a trámite una demanda de hábeas corpus reparador presentada por tres sobrevivientes. La Procuraduría General del Estado deberá responder en 60 días si existe la obligación de investigar los crímenes como delitos de lesa humanidad.

“Si califican los hechos como crímenes de Estado, la prescripción no aplica”, explica el abogado Carlos Pérez, patrocinador de la causa. “Eso obligaría a reabrir todas las investigaciones archivadas”.

Las cifras que el Ecuador no quiere ver

• 34 sobrevivientes han fallecido sin recibir disculpa pública alguna.
• 0 recursos del presupuesto nacional 2024 para programas de reparación psicosocial.
• %81 de los ecuatorianos desconoce la existencia del Patronato, según encuesta de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023).

La deuda que no prescribe

Mientras el gobierno de Daniel Noboa prioriza la seguridad ciudadana, las víctimas del Patronato de la Mujer siguen contando su historia en talleres comunitarios. “Que no se olvide”, repite María León al cerrar su relato. “El silencio también es una forma de violencia”.

Nota del editor: Este reportaje se publica como parte de la cobertura ciudadana de Quito y Guayas, donde las víctimas exigen que el archivo judicial deje de ser un expediente muerto.

Imagen referencial generada con inteligencia artificial.