El Gobierno envió a la Asamblea Nacional un cuarto proyecto de ley con carácter urgente para controlar los denominados flujos irregulares de capitales, una medida que busca proteger la dolarización y la estabilidad financiera del país.

Para los ecuatorianos, esta iniciativa implica un mayor control de transacciones y podría afectar a remesas, inversiones y actividades comerciales que no estén debidamente justificadas. El objetivo es frenar la fuga de divisas y el lavado de activos.

Contexto de la medida

Ecuador mantiene un régimen de dolarización desde el año 2000, lo que lo hace especialmente vulnerable a movimientos bruscos de capital. La ley busca que todo ingreso o salida de dinero tenga un origen lícito y esté registrado, evitando que el sistema financiero sea usado para actividades ilegales.

Tres claves del proyecto

• Control de remesas: Las transferencias desde el exterior deberán ser reportadas si superan un monto aún por definir.
• Fiscalización de inversiones: Se exigirá documentación que acredite el origen de los fondos para cualquier inversión extranjera.
• Sanciones más duras: Multas y penas de cárcel para quienes no declaren movimientos de capital sospechosos.

Lo que viene ahora

La Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobar, modificar o negar el proyecto. Los sectores productivos han pedido que no se afecte la inversión legítima. La banca y los exportadores estarán atentos a los alcances de la ley.

Mientras tanto, los ciudadanos deben prepararse para un entorno financiero más regulado, donde cada transacción deberá contar con su debida justificación. La claridad de las reglas será clave para no afectar la confianza en la dolarización.

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