La inseguridad no da tregua en Ecuador. Ante el aumento de delitos, la jurista peruana Marisol Pérez Tello ha puesto sobre la mesa una idea que resuena: derogar las leyes que, según ella, benefician a los criminales. ¿Es esta la solución que necesita el país?

Para el ciudadano de a pie, la propuesta suena a mano dura. Pero, ¿qué significa realmente? Pérez Tello apunta a normativas que, en su opinión, otorgan garantías procesales excesivas a los delincuentes, debilitando la lucha contra el crimen. En Ecuador, donde la violencia sacude ciudades como Loja, la discusión es urgente.

¿Por qué ahora?

La idea llega en un contexto regional de crisis de seguridad. Cada vez más voces piden reformas legales que prioricen a las víctimas. En Ecuador, la Asamblea Nacional ya debate cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta de Pérez Tello se suma a ese coro, pero con un enfoque radical: eliminar, no reformar.

3 claves para entender la viabilidad

• Equilibrio de derechos: Derogar leyes procrimen podría violar garantías constitucionales, como el debido proceso. Cualquier cambio debe pasar por la Corte Constitucional.
• Impacto en la justicia: Sin ciertos mecanismos, los juicios podrían acelerarse, pero también aumentarían los errores judiciales. La policía necesita más recursos, no solo leyes más duras.
• Reacción social: La ciudadanía exige resultados. Sin embargo, medidas simplistas pueden generar falsas expectativas. Es clave un debate informado.

Lo que viene ahora

La propuesta de Pérez Tello no es ley, pero enciende un debate necesario. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha anunciado un paquete de seguridad. Queda por ver si incluirá una revisión a fondo de las leyes. Mientras tanto, en Loja y el resto del país, el clamor por seguridad sigue creciendo.

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