La Asamblea Nacional aprobó anoche la polémica Ley de Inteligencia con 78 votos a favor, gracias al respaldo de ADN, Pachakutik y legisladores independientes. La norma permite a los servicios de inteligencia interceptar comunicaciones privadas y acceder a datos personales sin autorización judicial previa en casos de seguridad nacional.

Para los lojanos, esta ley no es un tema lejano. Significa que su privacidad digital y telefónica podría ser vulnerada sin que medie una orden de un juez. La discusión apenas comienza: ahora la ley pasará a la Corte Constitucional para su control previo.

Contexto de una ley que divide

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como herramienta contra el crimen organizado, pero organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles abusos. En Ecuador, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad sigue siendo alta tras casos de espionaje no autorizado en gobiernos anteriores.

Claves que debe conocer

• Sin orden judicial: los organismos de inteligencia podrán solicitar datos de comunicaciones a operadores sin que un juez lo autorice, solo con informes internos.
• Supervisión limitada: el control será ejercido por una comisión parlamentaria, pero sus miembros son designados por las mismas bancadas que aprobaron la ley.
• Protección de denunciantes: la ley incluye medidas para proteger a quienes reporten ilícitos, aunque críticos señalan que no son suficientes frente al poder de vigilancia estatal.

Lo que viene ahora

La norma debe ser revisada por la Corte Constitucional, que tiene 45 días para pronunciarse. Si es declarada constitucional, se enviará al Ejecutivo para su sanción u objeción. Mientras tanto, varias organizaciones preparan acciones legales para frenar su aplicación.

En Loja, el debate también debe darse en las calles: la privacidad no es un lujo, es un derecho que esta ley pone en la cuerda floja.

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