El presidente Daniel Noboa ha sugerido una Asamblea Constituyente. Pero detrás de esa idea se esconde una pregunta inquietante: ¿puede el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) actuar para destituir autoridades a favor del Gobierno?

Para los ecuatorianos, especialmente los lojanos, esta no es una discusión lejana. Si el TCE, un órgano supuestamente independiente, se convierte en brazo político, cualquier funcionario opositor podría ser removido sin mayor proceso. Así se pone en juego la estabilidad democrática que tanto ha costado construir.

El contexto detrás del debate

La Constitución de 2008 permite una Asamblea Constituyente, pero el proceso debe ser transparente. El TCE, por su parte, tiene facultades para juzgar y destituir autoridades electas si violan normas. La duda es si podría ser instrumentalizado en medio de una crisis política.

• El TCE puede destituir a alcaldes, prefectos o asambleístas por infracciones electorales, no por diferencias políticas.
• Una Constituyente podría cambiar las reglas del juego y ampliar los poderes del TCE, algo que ya genera alertas en la oposición.
• En Loja, varios funcionarios locales estarían en la mira si el tribunal actúa sin garantías de imparcialidad.

Lo que viene ahora

El presidente debe aclarar si realmente impulsará una Constituyente y bajo qué reglas. Mientras tanto, la ciudadanía debe exigir que cualquier reforma respete la independencia de poderes. El TCE no puede ser un arma política.

En Loja y en todo Ecuador, la pregunta clave es: ¿estamos listos para defender nuestra democracia si el poder judicial se alinea con el Gobierno? La respuesta está en nuestras manos.

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