Un rumor recorre los pasillos de la política ecuatoriana: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría ser usado para destituir autoridades en favor del Gobierno, si se convoca una Asamblea Constituyente. ¿Es esto legal o una maniobra de poder?

Para los lojanos y ecuatorianos, esta no es una discusión abstracta: toca directamente la estabilidad democrática y el equilibrio de poderes. Entender qué puede y no puede hacer el TCE es clave para no dejarse llevar por versiones sin sustento.

Contexto: el rol del TCE en una Constituyente

El TCE es el máximo órgano electoral en materia contenciosa. Su función es resolver disputas sobre procesos electorales y sancionar infracciones. Sin embargo, en el marco de una Asamblea Constituyente, sus límites se vuelven difusos.

• Atribuciones claras: El TCE puede juzgar la validez de elecciones y destituir autoridades por infracciones electorales graves.
• Límite constitucional: La Constitución actual no le da poder para destituir autoridades fuera de procesos electorales, salvo causales específicas como corrupción o abandono del cargo.
• Riesgo de uso político: Si el Gobierno controlara el TCE, podría destituir a opositores para allanar el camino hacia una Constituyente, una estrategia sin precedentes en Ecuador.

Lo que viene ahora

El debate está servido. Mientras el Gobierno insinúa cambios, los juristas advierten: cualquier intento de usar al TCE para destituir autoridades debe basarse en pruebas sólidas y no en intereses políticos. La ciudadanía debe exigir transparencia en cada paso.

La clave está en la independencia del TCE: si actúa con imparcialidad, puede ser un árbitro, no un verdugo. Si se doblega, el riesgo de una crisis institucional es real. En Loja y todo Ecuador, la atención está puesta en los próximos movimientos.

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