La Fiscalía escarba en los papeles y las cuentas del Isspol para reconstruir cómo desaparecieron 800 millones de dólares que debían cubrir pensiones y seguros de maestros, policías y empleados públicos. No hay aún detenidos, pero las pesquisas apuntan a una red de desvíos que usó contratos de inversión, empresas fantasma y movimientos bancarios que nadie detectó a tiempo.

Si usted es afiliado al Isspol, esta investigación le importa porque esos recursos eran parte de su ahorro para la jubilación. El caso evidencia fallas de control y pone en riesgo la sostenibilidad del fondo. Por eso, el país entero sigue de cerca cada paso judicial: de lo que se descubra dependerá si se recupera algo del dinero o si habrá responsables tras las rejas.

El contexto de la megacstafa

Entre 2015 y 2022, el Isspol suscribió supuestos contratos de inversión con rendimientos altos que resultaron ser ficticios. El dinero salía a cuentas de empresas offshore y fondos de inversión sin registro. La Contraloría alertó sobre irregularidades, pero las denuncias no prosperaron hasta que las presuntas víctimas –los propios afiliados– llevaron el caso a la Fiscalía.

Los montos desviados equivalen a casi dos presupuestos anuales del Municipio de Loja. El impacto en las provincias es directo: muchos docentes y policías lojanos confiaron sus primas al Isspol y hoy ven incierto su futuro.

Las claves del esquema fraudulento

• Contratos de inversión falsos: Se simulaban colocaciones en bonos y proyectos inmobiliarios que nunca existieron. Las supuestas ganancias se reportaban en informes irreales.
• Empresas fantasma: El dinero se transfería a sociedades en paraísos fiscales, sin actividad real, controladas por personas vinculadas a exdirectivos del Isspol.
• Cómplices en la supervisión: Las auditorías internas y externas omitieron señales evidentes, como movimientos sin sustento legal o beneficiarios no identificados.

Lo que viene ahora

La Fiscalía ha solicitado información bancaria a varios países y prepara las primeras citaciones. Se espera que la Contraloría realice un examen especial y que la Asamblea cite a los exfuncionarios del Isspol. Sin embargo, recuperar los 800 millones es una tarea titánica: la mayoría del dinero ya salió del sistema financiero ecuatoriano y es difícil de rastrear.

Esta historia no termina con una captura. Para los afiliados, la lección es clara: ningún fondo previsional está blindado si no hay controles ciudadanos y fiscalización independiente. Mientras la justicia avanza, lo único seguro es que el Isspol nunca volverá a ser visto de la misma manera.

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