En apenas dos minutos, el Congreso de Brasil aprobó una ley que obliga a niñas y adolescentes víctimas de violación a obtener una autorización judicial para abortar. Una medida que, lejos de proteger la vida, pone en riesgo la salud y la integridad de las más vulnerables.

Para el lector ecuatoriano, esta noticia no es lejana. En Ecuador, el aborto por violación es legal desde 2021, pero en la práctica siguen existiendo barreras. Lo que ocurre en Brasil es un espejo de lo que podría pasar si sectores conservadores locales impulsan restricciones similares.

¿Qué cambia con esta norma?

Hasta ahora, en Brasil el aborto era permitido sin restricción judicial en casos de violación, riesgo de vida materna o anencefalia fetal. Con la nueva ley, cualquier menor de edad víctima de abuso deberá pasar por un trámite judicial que puede demorar semanas o meses.

• Plazo exprés: La ley fue aprobada en tiempo récord, sin debate, lo que evidencia la falta de análisis sobre sus consecuencias.
• Mayor riesgo: Obligar a una niña violada a enfrentar a un juez puede retrasar el acceso al aborto, aumentando las complicaciones y el peligro de un aborto clandestino.
• Presión social: Organizaciones feministas advierten que la norma expone a las víctimas a interrogatorios que pueden revictimizarlas y disuadirlas de pedir ayuda.

Lo que viene ahora

La ley deberá ser ratificada por el Senado brasileño, donde se espera un debate más profundo. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos ya anuncian acciones legales para frenar su aplicación. En Ecuador, el debate sobre el aborto sigue abierto: la semana pasada, la Corte Constitucional recordó que el derecho al aborto por violación es vigente, pero su aplicación sigue siendo un desafío.

Esta noticia debe servir como alerta: cuando se legisla con prisas y sin escuchar a quienes más sufren, las víctimas terminan pagando el costo. En Ecuador, la sociedad y las autoridades deben estar atentas a no repetir estos errores.

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