Si un candidato no alcanza el 4 % de votos en las próximas elecciones, la ley dice que debe devolver la mitad del dinero que recibió del Estado. Pero en la práctica, esa norma es papel mojado: no hay mecanismo para cobrar, ni control efectivo, ni voluntad política para hacerla cumplir.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que millones de dólares de fondos públicos se entregan a candidatos que no representan a casi nadie y que, al no cumplir la meta, simplemente se quedan con el dinero. No hay rendición de cuentas, no hay consecuencias.

El contexto legal y su aplicación imposible

La reforma electoral de 2020 estableció que los candidatos que no superen el 4 % de la votación válida en elecciones pluripersonales (asambleístas, prefectos, concejales) deben reintegrar el 50 % del fondo de campaña otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el reglamento no detalla cómo se notifica, cómo se calcula o cómo se ejecuta ese cobro.

• Sin mecanismo de cobro: El CNE no tiene una unidad de fiscalización que pueda emitir órdenes de pago ni iniciar procesos coactivos contra los candidatos.
• Partidos no colaboran: Las organizaciones políticas, que reciben los fondos en bloque, no separan cuentas por candidato ni tienen incentivos para devolver.
• Plazos vencidos: La ley da 30 días tras la proclamación de resultados, pero en la práctica nadie ha devuelto ni un centavo desde que rige la norma.

Lo que viene ahora

El CNE ha reconocido la falla y baraja reformas, pero ningún partido apoya endurecer las sanciones. Mientras tanto, las elecciones de 2025 repetirán el escenario: candidatos sin opciones recibirán fondos que nunca devolverán. El ciudadano se queda con la factura y con la sensación de que la ley solo existe en el papel.

La próxima vez que vea una papeleta, recuerde: el dinero que se entrega a candidatos sin respaldo no vuelve. Usted financia campañas que no tienen que rendir cuentas.

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