La ley dice que los candidatos que no logren al menos el 4% de los votos deben devolver la mitad del dinero recibido para campaña. Pero en la práctica, esa obligación se ha vuelto casi imposible de cumplir.

Para el votante ecuatoriano, esto significa que sus impuestos destinados a financiar la política podrían perderse sin rendición de cuentas. En Loja y todo el país, la falta de control debilita la confianza en el sistema electoral.

¿Por qué falla la norma?

• Vacíos legales: La ley no especifica plazos ni mecanismos para exigir la devolución, lo que deja margen para la evasión.
• Falta de fiscalización: El Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuenta con los recursos ni la capacidad para auditar a todos los candidatos.
• Burocracia: Los trámites para reclamar los fondos son tan engorrosos que ni los partidos ni el Estado los ejecutan.

Lo que viene ahora

El debate está abierto: algunos sectores piden eliminar la regla del 4% por inaplicable, mientras otros proponen reformas que realmente garanticen la devolución. Mientras tanto, el dinero público sigue en riesgo.

Lo claro es que, sin cambios concretos, esta obligación seguirá siendo solo un enunciado en la ley, sin efecto real para los candidatos ni beneficio para los ciudadanos.

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