Una norma que busca sancionar a los candidatos que no logran al menos el 4% de los votos podría quedar en el papel. La obligación de devolver la mitad del dinero recibido para campaña se enfrenta a vacíos legales y falta de mecanismos de cobro.

Para el lector, ¿qué significa esto? Que el dinero público destinado a financiar campañas políticas podría perderse si los candidatos simplemente no pagan. Sin garantías ni sanciones efectivas, la ley se vuelve letra muerta.

El origen de la norma y su aplicación

La disposición está en el Código de la Democracia y busca que los candidatos no usen los fondos como ingresos personales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuenta con herramientas ágiles para exigir el reintegro.

• Falta de garantías: No se exige un depósito previo ni una póliza que respalde la posible devolución.
• Procesos largos: Cobrar judicialmente puede tomar años y resultar más caro que el monto adeudado.
• Candidatos sin fondos: Muchos políticos no declaran bienes o desaparecen tras la derrota, imposibilitando el cobro.

Lo que viene ahora

El CNE estudia reformas para endurecer los requisitos previos, como la presentación de garantías bancarias. Mientras tanto, la ley sigue vigente pero inaplicable. El elector debe exigir a sus representantes que cumplan con la rendición de cuentas.

La próxima vez que vea una campaña, recuerde: el dinero que prometen devolver podría no regresar nunca.

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