En cada elección, los candidatos firman un compromiso: si no alcanzan al menos el 4% de los votos, deben devolver la mitad del dinero que recibieron del Estado para su campaña. Pero en la práctica, esa promesa se ha vuelto una ficción.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que su dinero —el de todos— se entrega sin garantía de recuperación. Mientras los candidatos gastan en vallas, mítines y spots, el sistema no tiene cómo cobrarles si pierden.

Un compromiso sin respaldo

La ley vigente establece que los fondos públicos para campañas se entregan como anticipo, y que si el candidato no supera el 4% de votación válida, debe reintegrar el 50% de lo recibido. Sin embargo, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Servicio de Rentas Internas (SRI) tienen mecanismos efectivos de cobro.

• Falta de garantías: No se exige una garantía bancaria o fiducia que respalde la devolución.
• Deudas impagables: Muchos candidatos quedan con deudas personales que nunca se cobran.
• Sin consecuencias penales: La ley no tipifica como delito el no devolver, solo como infracción administrativa leve.

Lo que viene ahora

Algunos asambleístas han anunciado que impulsarán reformas para endurecer las reglas. Una propuesta es que el CNE retenga un porcentaje del fondo antes de entregarlo, y que se exija un aval real. Sin embargo, mientras no haya cambios, el vacío legal seguirá beneficiando a quienes no cumplen.

La próxima vez que escuche a un candidato prometer devolver el dinero, recuerde: sin mecanismos de cobro, esa promesa vale tanto como los votos que no consigue.

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