La ley dice que los candidatos que no alcancen el 4% de los votos deben devolver la mitad del dinero que recibieron del Estado para su campaña. Sin embargo, en la práctica, esa obligación es letra muerta. El sistema electoral no tiene cómo cobrar, y los electores se preguntan: ¿entonces para qué sirve la norma?

Para los ciudadanos de Loja y Ecuador, esto importa porque el dinero de las campañas sale de sus impuestos. Si los candidatos no cumplen, el fondo público se diluye y la rendición de cuentas se debilita. Además, favorece a quienes tienen más recursos, que pueden asumir la pérdida, mientras los pequeños candidatos quedan atrapados en una deuda imposible.

¿Por qué la devolución es inviable?

• Sin mecanismo de cobro: El Consejo Nacional Electoral no tiene atribuciones para perseguir judicialmente a los deudores, ni un proceso claro para exigir la devolución.
• Plazos y montos difusos: La ley no define cuándo debe realizarse el pago ni qué pasa si el candidato no tiene cómo pagar. Tampoco se consideran gastos ya realizados.
• Desigualdad entre candidatos: Los partidos grandes pueden cubrir la devolución con fondos propios, pero los movimientos pequeños o independientes quedan descapitalizados y con una deuda que no pueden saldar.

Lo que viene ahora

La Asamblea Nacional podría reformar la ley para establecer un sistema de garantías o un fondo de contingencia. Mientras tanto, los candidatos y partidos deben declarar sus gastos con transparencia, y los electores tienen derecho a exigir cuentas claras. En las próximas elecciones, observe si su candidato informa cómo usó los recursos públicos.

Al final, la norma que buscaba castigar a quienes no logran apoyo popular terminó siendo una trampa para los más débiles y una anécdota para los poderosos. La ciudadanía debe estar atenta.

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