El presidente Daniel Noboa insiste en convocar a una Asamblea Constituyente, pero los expertos ponen los ojos en el Consejo Nacional Electoral (CNE): sin su aval técnico y jurídico, el plan se desmorona. La credibilidad del proceso depende de un órgano que hoy enfrenta críticas y desafíos.

Para el lector ecuatoriano, y especialmente para el lojano, esto no es un debate lejano. Una Constituyente puede cambiar las reglas del juego en temas como seguridad, empleo y descentralización. El CNE será el árbitro que defina si la consulta popular y el proceso constituyente son legales y transparentes.

El contexto detrás de la jugada

Noboa ha planteado la Constituyente como una salida a la crisis política y de seguridad. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos: se requiere una consulta popular autorizada por la Corte Constitucional y luego organizada por el CNE. La oposición duda de la imparcialidad del CNE, mientras el oficialismo lo ve como un aliado técnico indispensable.

• Legitimidad: El CNE debe garantizar que la consulta no tenga sesgos ni manipulaciones, algo que la ciudadanía exige tras procesos anteriores cuestionados.
• Plazos: Organizar una consulta y luego una asamblea constituyente requiere al menos 18 meses, según expertos electorales. El tiempo juega en contra del gobierno.
• Costos: Un proceso de esta magnitud demanda millones de dólares, en un país con déficit fiscal. ¿Se justifica el gasto frente a urgencias como la seguridad?

Lo que viene ahora

En las próximas semanas, el CNE deberá pronunciarse sobre la viabilidad técnica de la consulta. Mientras tanto, en Loja y otras provincias, la población observa con cautela: una Constituyente podría redefinir la relación entre el centro y las regiones, pero también abriría una etapa de incertidumbre política. El desafío del CNE será demostrar que puede ser el pilar de un cambio real, no solo un engranaje burocrático.

La pelota está en la cancha del CNE. De su actuación dependerá que la propuesta de Noboa pase de ser un anuncio a una realidad concreta y legítima para todos los ecuatorianos.

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